La aventura de los fondos buitres

El pasado Lunes 21 de Abril se realizó una audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos que reunió a la compañía NML Capital con representantes del Estado argentino. La causa denominada “Discovery” es un desprendimiento del proceso principal a través del cual la financiera denunciante realizó un pedido de investigación de los activos que Argentina tiene en el exterior para poder cobrarse el monto adeudado.
 
Fachada del edificio sede de la Corte Suprema de EE.UU.


Políticas Macroeconómicas
 
Los hechos que anteceden a este momento nos remontan al complejo entramado de causas que derivó en la crisis institucional de Argentina en el año 2001. Durante la década de los 90, Argentina sacrificó su política monetaria para sujetar el Peso al Dólar estadounidense en un tipo de cambio rígido de 1 a 1. Al mismo tiempo, tal medida fue acompañada de un proceso de recortes presupuestarios en el gasto púbico y privatizaciones de las empresas estatales. A través de la adopción de tales políticas, el país se convirtió en un obediente ejecutor de los acuerdos impuestos a través del Consenso de Washington en 1989.

Presidente Carlos Menem (izq.) y su ministro de economía Domingo Cavallo (der.) en aquellos años
 
Sin embargo, adoptar este paquete de medidas neoliberales determinó una imposibilidad de desarrollo de la economía interna del país. Y al mismo tiempo, al existir un saldo negativo en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, significó un impedimento al desarrollo del Producto Bruto Interno. No obstante, en los gráficos históricos de la evolución del PBI nacional no se percibe la caída del mismo debido a que se utilizó una segunda opción para mantener estable al indicador: la emisión de deuda pública. Es decir, la economía del país subsistió a base de préstamos financieros y las reservas federales.
 
 
La Deuda
 
Argentina emitió títulos de deuda en el año 1994 y 1995. La industria nacional deteriorada (que conllevó un alza en los índices de desocupación) y el crecimiento de las importaciones llevó a la necesidad de obtener divisas extranjeras para realizar los consecuentes pagos. Junto a esto, las crisis del Tequila en México, de Rusia y del sudeste asiático afectaron enormemente a las frágiles economías de esta región.
 
Con la llegada de Fernando De la Rua al poder, el nuevo gobierno mantuvo el esquema económico de la última década, pero intensificó un plan de reducción del gasto público. Ésta era una de las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional para autorizar un nuevo desembolso de deuda que ascendía a 40 mil millones de dólares. El destino del mismo era afrontar los pagos de las deudas anteriores con el objetivo de mejorar la confianza de los inversores.
 
A pesar de esto, en el año 2001, los indicadores comenzaron a prever la imposibilidad de los pagos. Con lo cual, la inminencia de un default (incumplimiento de la cancelación de obligaciones) tomaba fuerza. Luego de la renuncia de dos ministros de economía, Domingo Cavallo, promotor del plan neoliberal de la década anterior, asumió nuevamente el cargo para lograr un acuerdo con el FMI. Sin embargo, a causa de las deudas provinciales, éstas comenzaron a entrar en cesación de pago frente a sus propias cuentas internas. Los intentos de solución llevaron a proyectar una reestructuración de la deuda. El primer paso fue el establecimiento de la medida denominada “déficit cero”. Consistía en intensificar la reducción de los gastos del estado y luego, a través de los ingresos fiscales, priorizar el pago de los intereses de la deuda.
 
La deuda pública nacional alcanzaba 118 mil millones de dólares cuyos acreedores se agrupaban en tres clases: organismos multilaterales y gobiernos del exterior, acreedores no oficiales con un préstamo garantizado por el Estado nacional y tenedores de bonos (principalmente del exterior) que no habían participado del canje por el préstamo garantizado. 
Las dos primeras categorías estaban previstas en la primera fase de la reestructuración de la deuda. Por el otro lado, el monto de esta tercera categoría que había quedado afuera ascendía a 40 mil millones de dolares con interés promerio anual del 10%. El canje de dichos bonos estaba previsto para el año 2002.

Rechazo social al “corralito”
 
Cuando se dio inicio a la primera fase, los bancos denunciaron falta de liquidez para afrontar sus actividades diarias. Ante los rumores de imposibilidades de pagos, se produjo una fuga de dólares de las entidades que ocasionó un agotamiento de sus disponibilidades dinerarias. Lo que llevó a De la Rua a limitar las extracciones de efectivo a través de la medida denominada “corralito”. El gobierno proyectaba con la idea de que, a través del canje de la deuda, el FMI transferiría el préstamo y el Banco Central contaría con 4 mil millones de dólares para afrontar con las obligaciones que tenían vencimiento en los primeros meses del 2002. Sin embargo, en Diciembre del 2001, Fernando De la Rua presenta su renuncia al verse imposibilitado de resolver una crisis económica y social que había producido movilizaciones en todo el país. 
 
Adolfo Rodriguez Saa es elegido por el Congreso para reemplazar la jefatura de gobierno un día antes de uno de los vencimientos de la deuda. Su primera medida fue decretar la suspensión del pago de la misma para luego renunciar cinco días más tarde. Eduardo Duhalde fue su reemplazante quien implementó un proyecto de ley para derogar el esquema de tipo de cambio fijo que sujetaba el Peso argentino al Dólar estadounidense, y al mismo tiempo transformó en pesos todas las cuentas de crédito y depósitos bancarios que habían sido pactados en dólares con el fin de comenzar a conformar nuevamente una reserva federal en dólares. Al mismo tiempo, mantuvo la suspensión del pago de la deuda externa.
 
Con la llegada de Néstor Kirchner al poder en el 2003, se comenzó a planificar la salida del default a través de lo que resultó ser la operación de canje de deuda más importante de la historia financiera mundial. En el 2005, el gobierno propuso cambiar los títulos en mora ofreciendo tres nuevos bonos a opción de los acreedores. Cada uno proponía distintos tipos de descuentos de capital, nuevos intereses y plazos. Y todos presentaban una compensación adicional según el crecimiento del PBI. El 76,15% de los acreedores aceptaron el canje, lo que le permitió a Argentina reducir el monto total de 62 mil millones de dólares a 32 mil millones.
 
En el 2006, Argentina canceló su deuda con el FMI, mientras que en el 2007 pactó una reestructuración con el gobierno de España.
 
En el año 2010, Cristina Fernández anunció una nueva reestructuración del canje con aquellos acreedores que no aceptaron la propuesta del 2005 denominados técnicamente holdouts. El monto en esta ocasión alcanzaría los 20 mil millones de dólares y alcanzó el 97% de la deuda.
Los Fondos Buitres
Aquellos bonos emitidos previo y durante la crisis del 2001 representaban un monto dinerario frente a particulares a los cuales el Estado le debía una suma de dinero. Algunos de ellos, como el caso de los jubilados italianos, habían sido convencidos de la beneficiosa oportunidad de invertir en deuda pública argentina con tentadoras tasas de interés. Otros, como los ahorristas o jubilados argentinos, simplemente habían recibido de manera forzosa dichos bonos como consecuencia de la falta de liquidez que el Estado nacional sufría durante aquella época.
 
Al suspender los pagos de la deuda, estos particulares (aquella tercera categoría mencionada antes) dejaron de recibir el dinero en efectivo que otorgaban periódicamente los bonos. Y como dichos títulos no son comestibles, pero sí negociables, se vieron obligados a venderlos en el mercado financiero. Al encontrarse estos bonos en estado de cesación de pagos, fueron adquiridos a muy bajo precio por fondos de inversión. En algunos casos, llegaron a pagar un 10% de su valor nominal.
 
Estos fondos de inversión, a diferencia de un particular, no necesitan del dinero para la subsistencia diaria como un jubilado necesita de su jubilación o una familia de sus ahorros. Por lo tanto, parte de su negocio consiste en adquirir este tipo de bonos a precios extremadamente bajos y conservarlos para especular con ellos. De esta manera, comienzan a concentrar enormes proporciones de la deuda y por lo tanto, adquieren un cada vez mayor poder de participación a la hora de negociar su cobro.
 
Por este motivo, estas entidades son denominadas fondos buitres. Se tratan de sociedades anónimas que surcan los cielos de economías en crisis realizando este tipo de prácticas. En el caso de Argentina, por más que hubieran pactado una quita de un 75% (ofrecido en el 2003), al haber adquirido el título a un 10% del valor nominal, ya hubieran obtenido un ganancia.
 
Sin embargo, su desafío fue ir por el 100% más una tasa de interés y actualización a través de un proceso judicial. Técnicamente, se trata de un interés legítimo amparado por la ley. Si un acreedor posee un título con un determinado valor de deuda, le corresponde exigir esa suma de dinero.
 
Sin embargo, la cuestión pierde legitimidad y se aleja de los valores de justicia al considerarse el otro lado del negocio. Muchas de estos Fondos de Inversión participaron del Consenso de Washington a través del cual se impusieron las medidas que los países deudores debían implementar en sus economías. Dichas entidades son las que motorizan el desplazamiento de capitales a través de los países logrando los desequilibrios financieros. Y cuando un gobierno intenta detener estas fugas, son tildados de “dictatoriales” o criticados duramente por sus intervenciones económicas. Con lo cual, se lleva a que sus pedidos de créditos o emisiones de títulos de deuda deban hacerse a través de condiciones desfavorables para el país y altas tasas de intereses. Finalmente, el círculo finaliza con la adquisición de la deuda producida a un precio mínimo para luego reclamar el valor total de la misma.
 
 
El caso actual
 
En el 2007, las entidades NML Capital Ltd. y EM Ltd., iniciaron una demanda contra la Argentina para hacer valer la cláusula pari passu (tratamiento igualitario), y de esa manera recibir el pago total de los títulos de deuda que poseen. El monto total objeto del litigio es de 1.330 millones de dólares.

En el 2012, el juez Thomas Griesa dio la razón a las financieras a pesar de que Argentina  alegó la negativa de éstas de acordar los canjes del 2005 y 2010. Durante el proceso, el magistrado tomó medidas extremas como la incautación de U$S 1.800.000 de la cuenta que el Banco Central de la República Argentina tiene en la Reserva Federal y hasta el embargo de a Fragata ARA Libertad cuando se encontraba en un puerto de Ghana.

La atrevida aventura judicial iniciada por los fondos buitres que había encontrado al juez Griesa como un medio para hacer valer sus pretensiones desafiaba hasta los principios básicos del derecho internacional. Esto activó alarmas en varios gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Francia, Brasil y México. Un fallo a favor de las financieras pondría en jaque a numerosas economías, incluyendo a Washington. La emisión de títulos de deuda es una actividad normal de cualquier Estado. Y la falta de regulación a través de una normativa internacional, impide a los gobiernos realizar un seguimiento para conocer la real identidad de sus acreedores.

En este momento todo esta en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si decide no tomar el caso o fallar a favor de los fondos buitres, implicaría de manera automática el ingreso de Argentina en un default técnico, con el riesgo de tirar abajo el 93% de la deuda ya reestructurada. Al mismo tiempo para el resto del mundo, sentaría una jurisprudencia que implicaría el inicio de una cadena de juicios por parte de estas financieras para destruir cualquier intento de acuerdo de deudas por parte de los Estados.
 
 
 

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