La Corte Internacional Penal, una alternativa para encontrar la paz

Si se ubican en un mapa las situaciones conflictivas que se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, una observación fugaz podría llevar a diferentes conclusiones: o las atrocidades contra los Derechos Humanos se cometen solamente en países en vías de desarrollo, o se trata de una institución jurisdiccional que sólo apunta a éstos. En realidad, considerar tales argumentos implica subestimar a una organismo internacional que representa una vía alternativa de solución a varios de los conflictos que en la actualidad afecta a millones de personas.
 
 
La Corte Penal Internacional fue constituida en el año 1998 a través del Estatuto de Roma. Se trata de un tribunal permanente con competencia para juzgar personas acusadas de cometer delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. La razón de su existencia consiste en elaborar una herramienta capaz de juzgar a quienes hayan cometido estas conductas cuando el Estado donde se produjeron no inicia un proceso judicial interno, sea por no tener la capacidad estructural o sea por encontrarse la persona acusada en una situación de dominio sobre el Poder Judicial.
 
Cuando se produce la comisión de uno de los delitos mencionados, si bien es una comunidad determinada la que se encuentra directamente afectada, al ponerse en juego una restricción de Derechos Humanos, es la humanidad misma la que de manera mediata ve infringido su normal desenvolvimiento. Por lo tanto, se vuelve una responsabilidad de la comunidad internacional intervenir ante una situación de tal gravedad.
 
Pero a diferencia de los mecanismos de respuesta internacional que existían previamente. Los Estado Parte del Estatuto de Roma entendieron que se debe enfocar los esfuerzos en identificar y juzgar a los responsables de los actos lesivos, y no en sancionar a un país en su conjunto. Si así fuese, la población se encontraría doblemente afectada, primero por la enfermedad y luego por el remedio.
 
Actualmente las “Situaciones bajo investigación” de la Corte Internacional Penal se encuentran en:
– República Democrática del Congo
– Uganda
– República Centroafricana
– Darfur, Sudán
– Kenya
– Lybia
– Costa de Marfil
– Mali
 
Y en condición de etapa preparativa:
– Afganistán
– Colombia
– Nigeria
– Georgia
– Guinea
– Honduras
– Iraq
– Ucrania
 
A simple vista se hacen evidentes las zonas del mundo donde se visibilizan las conflictividades en torno a la materia de los Derechos Humanos. Pero en forma subyacente a esta observación, se desprende también un compromiso por parte de estos Estados en someter sus problemáticas ante un organismo internacional. Precisamente, tal compromiso es el que continúan sin tomar países como Estados Unidos, Rusia, China o Gran Bretaña (Francia es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que ratificó el Estatuto de Roma).
 
 
La situación en Siria
 
Durante el 2013 y 2014, frente a la situación de Siria (que es muy distinta a la actual), y mientras la OTAN se ocupaba en demonizar al presidente Basher Al-Assad, surgieron eventos donde se utilizaron armas químicas que afectaron a la sociedad civil. Tal hecho configuró un crimen de lesa humanidad, y era necesario encontrar al responsable.
 
En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se observaron las dos posturas para enfrentar la situación. La embajadora argentina Cristina Perceval propuso que si se sospechaba que el Jefe de Estado sirio era el responsable de atentar contra los Derechos Humanos fuese sometido personalmente ante la Corte Internacional Penal. Sin embargo, la coalición liderada por Estados Unidos optó por la antigua vía de sancionar al país entero. Por lo tanto, brindó su apoyo estratégico y militar a los opositores al gobierno de Al-Assad. Un año más tarde, parte de los “freedom figthers” asesorados por la CIA conformaron el Estado Islámico.
 
 
Una cordobesa en la Presidencia
 
Meses más tarde al reconocimiento de la Coalición por la Corte Internacional Penal hacia la Emb. Perceval por su postura a favor de la institución creada por el Estatuto de Roma, una jueza argentina fue elegida para presidir el Tribunal. Se trata de Silvia Fernández Gurmendi, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009 se había destacado por ser la primera mujer en formar parte de la Corte.
 
La Dra. Fernández Gurmendi no es la primera argentina que cumple un rol de importancia en la CIP, entre los años 2003 y 2012, el Dr. Luis Moreno Ocampo se había convertido en el primer Jefe Fiscal del organismo.
 
 
 

Comentar

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s